La Mesa de Trabajo y Consenso de Automotores Orletti impulsó un petitorio para que la Legislatura porteña declare como sitio histórico y brinde resguardo patrimonial a los inmuebles donde funcionaron los excentros clandestinos Bacacay y Pomar durante la última dictadura militar, al advertir que esos espacios deben «seguir siendo política pública». Además, condenan a 25 años de prisión a represores que actuaron en el Olimpo y en otros centros clandestinos.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Nicolas Toselli condenaron a cuatro miembros retirados de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos contra 382 personas que fueron secuestradas y permanecieron cautivas en el circuito conocido como ABO, ya que abarca los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, ubicado en Cnel. Ramón L. Falcón 4250.
Para ello, gran cantidad de personas dieron su testimonio por primera vez y se logró reconocer a 43 personas que estuvieron en cautiverio.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, que preside la diputada Victoria Montenegro, presentará sendos proyectos de ley «en breve» para la protección de ambos edificios, y que si no llegaran a ingresar en la última sesión de ese cuerpo legislativo, el próximo jueves, quedarán pendientes para ser presentados a inicios del año que viene.
Los excentros clandestinos que operaron en Bacacay y Pomar formaron parte del circuito represivo conocido como BOP (Bacacay-Orletti-Pomar), que respondía al grupo de tareas que comandó Aníbal Gordon en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y que fueron base operativa del Plan Cóndor.
El primero en comenzar a funcionar, el 16 de marzo de 1976 (antes del golpe), fue el inmueble de la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires, donde se asesinó a los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otras víctimas.
Tras el impacto internacional de esos hechos, el grupo de tareas de Gordon desmanteló Bacacay en mayo de 1976 y se trasladó a Orletti, que fue también desarmado en noviembre de ese mismo año luego de que un matrimonio se fugara del lugar.
El grupo de tareas de la SIDE pasó a operar entonces en la calle Pomar 4175, ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y allí funcionó entre mayo y junio de 1977.
En ese último lugar, fueron secuestrados siete militantes del Partido Comunista (PC), de los cuales tres sobrevivientes pudieron identificar el sitio donde habían estado secuestrados.
El juez federal Danial Rafecas dictaminó una medida de no innovar en ambos lugares, en la causa que se encuentra en etapa de instrucción y que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito BOP.
Lo solicitó a partir de la desclasificación en 2020 de documentos del Gobierno de Estados Unidos que permitieron que se conociera la existencia de Bacacay..
«Hoy en Bacacay la Justicia tiene identificadas alrededor de 38 personas que estuvieron secuestradas. Y de Pomar hay siete personas identificadas, de las cuales cuatro continúan desaparecidas. En base a que la Justicia ya comprobó la existencia de esos lugares como centros clandestinos, lo que nosotros pensamos es que estos inmuebles deben ser declarados sitios históricos», destacó el coordinador del sitio de memoria que funciona en el excentro clandestino de detención Automotores Orletti (Gral. Venancio Flores 3519), Ricardo Maggio.
En diálogo con Télam, Maggio confió que se encuentran haciendo «una campaña de recolección de firmas» para respaldar la iniciativa, que ya cuenta con más de 1.500 adscripciones.
En ese petitorio, además de la solicitud de declaración de sitio histórico y de resguardo patrimonial de los inmuebles que usó la SIDE en Bacacay y Pomar, se pide su «expropiación» aunque no es posible que eso lo dictamine la Legislatura porteña, ya que le correspondería al Congreso sancionar una ley de ese tipo.
«Nosotros vamos con la intencionalidad de que esos lugares puedan ser reconocidos y declarados como sitio histórico, que la Legislatura porteña se haga responsable de poder reconocer esos lugares que funcionaron en el terrorismo de Estado», destacó Maggio, y consideró que una declaración en esa dirección «tiene que ver con el resguardo de la memoria popular y una reivindicación hacia los sobrevivientes con respecto a lo que ocurrió ahí por parte del Estado».
Además, advirtió que «ante el avance del discurso negacionista, es importante hacer hincapié en que estos lugares sigan siendo política pública, tiene que seguir siendo una bandera por parte de los sectores populares».
Para Maggio, que ambos sitios puedan ser declarados como históricos es el «camino» para que en el futuro sean reconocidos como «espacios de memoria», tal como se hizo con Automotores Orletti.
La Mesa de Trabajo y Consenso de Automotores Orletti se encuentra integrada por Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el Frente Amplio (FA) de la República Oriental del Uruguay (ROU) y la Comisión Derechos Humanos Chilenos en Argentina.
En tanto, el director de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Mauro Zungri, adelantó a Télam que «en breve» se presentarán dos proyectos «tanto por Bacacay como por Pomar» para que sean «declarados sitios históricos de acuerdo al artículo 4, inciso A de la Ley 1227 de Patrimonio Cultural» de la Ciudad.
Esa normativa denomina como sitios históricos a «los lugares vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico o social».
«Entendemos que justamente necesitamos preservar estos edificios en pos de la memoria colectiva de nuestro pueblo, porque son edificios que dan cuenta de lo que sucedió allí dentro de un circuito represivo. Estamos convencidos de que la Ciudad, por una cuestión de responsabilidad concurrente, tiene que poder pronunciarse sobre esto y nos parece que preservar los edificios es un puntapié inicial a todo lo que seguramente después va a venir», evaluó.
Zungri destacó que «la Justicia va avanzando» en la investigación sobre esos centros de detención y exhortó a que «la Ciudad esté a la altura para dar un grado de resguardo a esas estructuras edilicias».
Además, anticipó que el proyecto que se presentará llevará la firma de Victoria Montenegro y que «se va a poner a disposición de todos los diputados que quieran acompañarlo».