Docentes autoconvocados de la Escuela para Jóvenes y Adultos con D.M y Formación Integral N° 36 D.E. 6° rechazan los intentos de recorte de la Escolaridad de Jóvenes y Adultos de la Educación Especial en la Ciudad. Se da en los momentos cuando el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, presentó el presupuesto en la Legislatura y en ningún momento mencionó o contempló la palabra discapacidad, en su discurso.
“Las y los docentes autoconvocados de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Mental y Formación Integral N°36 D.E.6, “Dr. Aurelio Martínez” de C.A.B.A, rechazamos la reducción de la escolaridad de jóvenes y adultos mayores de 22 años.
A las y los estudiantes que actualmente cursan hasta los 26 años se les reduce su escolaridad a partir de los 22; sin proporcionarles opciones serias y reales de inclusión social, pedagógica, ni salida laboral alguna.
Nos encontramos ante medidas políticas de eliminación de derechos educativos de las personas con discapacidad. En datos objetivos, para el próximo año egresan de nuestra institución un total de 40 jóvenes, a quienes se les reduce su escolaridad de 40 horas semanales a una oferta de Educación Permanente del Adulto con un máximo de 2 veces por semana quitándoles además los servicios de comedor, traslado (micros escolares), asesoramiento social y contención afectiva brindados por la escuela pública y sin tener en cuenta los tiempos y procesos de aprendizaje que poseen, totalmente distintos a los estudiantes de escuela secundaria y/o facultades.
La Formación Permanente del Adulto no tiene que equivaler a un recorte de derechos educativos a personas adultas en situación de discapacidad, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de la normativa que regula dicha oferta de formación que, en principio, nos informan que se extiende hasta los 27 años, no siendo por tanto “una educación permanente”, si con ella se expulsa del sistema y se reduce el tiempo de formación a partir de los 22 años. Si esto fuera así, entendemos que se ven vulnerados los derechos expresados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otra parte, se nos ha informado que los procesos de Inclusión Educativa no deben ser acompañados de manera presencial por los y las docentes integradores en los lugares (centros socioeducativos, primarios y bachilleratos de adultos) en donde los y las estudiantes cursan y llevan adelante sus estudios. Es decir, los y las docentes deben realizar una suerte de “apoyo escolar” en las escuelas especiales, no asistiendo a los centros educativos en los que se desarrollan los procesos de inclusión. Al quitar el recurso pedagógico in situ, se restringen las medidas de apoyo personalizadas y efectivas, perjudicando la cantidad de materias a cursar, el ritmo de aprendizaje y la calidad de la trayectoria educativa de los y las estudiantes en situación de discapacidad, poniéndose en peligro la culminación de sus estudios.
Por lo tanto, la exclusión del docente de educación especial de los centros en donde se desarrollan los procesos de inclusión educativa, y la reducción desmedida de la presencialidad de los mayores de 22 años en las Instituciones Educativas, son medidas que obstaculizan el desarrollo académico y social de las y los estudiantes, yendo a contramano del principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de la Ley Nº 26.206.
Recalcamos la corresponsabilidad -necesidad de fortalecer la articulación y el trabajo en equipo cara a cara- de las modalidades y niveles de Educación Especial, Adultos y Socioeducativas estableciendo los apoyos reales y efectivos que permitan la culminación y acreditación de los estudios primarios y secundarios de las y los estudiantes con discapacidad.
Por lo antes dicho, expresamos que no estamos dispuestas/os a abandonar a las y los estudiantes y a sus familias ante medidas que no garantizan los derechos de equidad educativa, ni atienden la especificidad y la realidad social de la población con discapacidad; siendo el Estado quien tiene la responsabilidad de hacer frente a los obstáculos creados socialmente, a fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.
Exigimos mayor compromiso -ético, político y presupuestario- de las autoridades correspondientes a la hora de hacer propuestas alternativas (como la anteriormente mencionada: Educación Permanente del Adulto) y respeto por el trabajo pedagógico que desempeñamos con amor, coherencia y profesionalidad”.