El Tribunal Superior de Justicia porteño determinó que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada. Por ese motivo legisladores de la Ciudad pidieron sesionar para pedir juicio político a los cuatro jueces que promulgaron la medida anticonstitucional, sin embargo, el número en el recinto es adverso.
Legisladores de la oposición porteña, sindicatos docentes, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales hicieron un acto en la puerta de la Legislatura porteña en el que anunciaron que pedirán el juicio político a los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que firmaron un fallo que restringe el derecho a la educación pública a los niños y niñas de menos de tres años. La sentencia, que va en contra del texto de la Constitución porteña, va en línea con el discurso de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y será apelada ante la Corte Suprema. Si bien cosechó críticas desde que salió, la decisión del TSJ tuvo la primera respuesta de amplios sectores de la política y la educación.
A la cabeza del pedido de juicio político estuvieron los legisladores del Frente de Todos y del FIT, aunque el número que tiene Juntos por el Cambio en la Legislatura hace virtualmente imposible que avance cualquier pedido de remoción a los magistrados, tres de ellos nombrados durante los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. A la convocatoria en la puerta de la Legislatura se sumaron representantes de centros de estudiantes, cooperadoras, familias que luchan para tener una vacante en el sistema público, una problemática que se repite año a año con miles de excluidos.
Las distintas oradoras y oradores en la conferencia de prensa argumentaron el pedido de juicio político contra los jueces Marcela de Langhe, Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Luis Lozano. “No existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquél que lo solicite”, dice el fallo en uno de sus párrafos principales, pese a que la Constitución porteña dice claramente que tiene la obligación desde los 45 días.
La causa se había iniciado en 2018, cuando una familia quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad a través de la inscripción online y no consiguió vacante, tal como le sucedió ese año a 14.852, solo en el nivel inicial.
La madre entonces denunció que las autoridades no garantizaron el derecho a la educación de su hijo, amparándose en el artículo 24 de la Constitución porteño, que establece que «la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior».
Hubo fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hasta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la Justicia porteña. Allí en un voto casi unánime (cuatro votos a favor, y solo Alicia Ruiz en contra) el órgano judicial desestimó la denuncia de la familia sin vacante.
La primera oradora fue la presidenta de la comisión de Educación de la Legislatura, Lorena Pokoik, quien planteó: «Este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública. No nos olvidemos que es el mismo Gobierno que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida, que es el mismo Ejecutivo que intentó cerrar los 29 profesorados docentes, de cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó cerrar el jardín maternal del hospital del Ramos mejía y el que no cumplió con la construcción de las 54 escuelas». «Este gobierno tiene un fuerte desprecio por lo público, por la educación pública, que lo que hace es dejar sin escolarización a los estudiantes para hacer lo que el mercado le pide: pibas y pibes que salgan a laburar en un mercado precarizado», remarcó Pokoik.
La diputada del FIT Myriam Bregman señaló luego que «esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del TSJ y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo. Es un fallo inconstitucional que viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos». En tanto, Gabriel Solano, del Partido Obrero, advirtió que «el fallo es una aberración que viola de modo evidente y alevoso la Constitución de la Ciudad. De modo increíble, el fallo convierte al sistema privado en el receptor natural de los menores de 3 años, colocando al sistema público como un actor residual destinado exclusivamente a quienes puedan presentar un certificado de pobreza».
Luego la secretaria de prensa de UTE-Ctera, Paula Caligna, recordó que las autoridades del sindicato estaban declarando en ese mismo momento por una causa que les abrió hace un año el Gobierno porteño. «Esta maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el Gobierno porteño, que utiliza a la Justicia para ajustar en educación», advirtió. En tanto, el secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, afirmó que «este Tribunal está subordinado al poder político, expresa las intenciones del gobierno de Larreta que pone como centro la educación privada y corre del centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación pública».
Por su parte, la titular del sindicato de docentes privados Sadop, Alejandra López, señaló: «Expresamos el enérgico repudio al fallo de éste tribunal que responde a una misma matriz, que es el liberalismo económico, y desde la educación decimos que no: la educación es una sola y lo que tenemos que lograr es la inversión educativa ya que cada año hay menor presupuesto en educación».
“El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021”, aseguran desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
“Por otro lado- aseguran desde el sindicato docente Ademys- el fallo desliga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la deposita sobre la Legislatura porteña señalando que mientras no asignen mayores fondos para la universalización del sistema educativo, el Poder Ejecutivo sólo puede limitarse a gestionar las vacantes disponibles. El fallo admite la falta de vacantes, pero omite el hecho de que, es en la misma legislatura en donde el partido gobernante, entre otros, obtura los proyectos integrales de construcción de escuelas”.
De la conferencia participaron buena parte de los legisladores del FdT y del FIT, y además representantes de los grupos de familias La Vacante es un Derecho, cooperadoras, centros de estudiantes, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH y Buena Memoria, entre otras.
La inscripción online para el ciclo lectivo 2021 volvió a mostrar la falta de vacantes en el nivel inicial pese a que tal como asegura la Constitución de la Ciudad en su Artículo 24, el Estado “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública a partir de los 45 días de vida”. Sin embargo, barrios como Floresta, Villa Luro, Vélez Sarsfield y Versalles no tienen ningún jardín público con salas de lactantes.
Así es como se da un paso más en la denigración del sistema de gestión estatal de los establecimientos educativos. Escuelas de primera y de segunda, donde ya no se regirán por la calidad sino por los costos. Esto ocurre semanas después que la Ministra de Educación, Soledad Acuña, dijera tras cinco años de estar a cargo en esa cartera que los docentes llegan, en su mayoría, a estudiar la profesión después de haber fracasado en otras carreras.