Rige una modificación al Sistema Integral de Seguridad Pública, con el objeto de garantizar el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad de las personas frente al uso de las imágenes de video vigilancia.
La normativa sobre seguridad en la Ciudad ya tiene un título destinado a reglamentar el uso de esa metodología de seguimiento y control preventivo y también están estipuladas las garantías de confidencialidad, brindándole a todos los ciudadanos la seguridad jurídica sobre las circunstancias en las que se utilizarán informaciones que tienen que ver con su identidad personal, como lo son los datos biométricos.
Ahora se consignó la prohibición de incorporar datos biométricos, imágenes y/o registros de aquellas personas que no cuenten con una orden de restricción de libertad en el Registro de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas.
También queda vedado modificar o editar las imágenes y se estipula que ningún material audiovisual -que pudiera afectar la intimidad de los ciudadanos- sea difundido por televisión u otros medios.
Con el objetivo de garantizar un adecuado control institucional del uso de sistemas de video, se crea una Comisión de Seguimiento del Sistema de Video Vigilancia de la Seguridad Pública y se da participación e intervención como contralor a la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa original fue de Claudia Neira (Frente de Todos) y otros miembros de su bancada y el tema fue tratado en la Comisión de Seguridad, que preside Claudio Cingolani (Vamos Juntos), quien hizo de miembro informante en el debate parlamentario. No obstante, Neira informó en el debate que su bancada iba a votar negativamente alegando que eran necesarios nuevos consensos con más sectores de la comunidad.
El proyecto se convirtió en ley con 39 votos positivos de VJ, PS, Gen y UCR y 19 negativos de FdT e izquierdas.
En sesión, también se manifestaron en torno a la coparticipación: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires insta a los y las representantes del pueblo de la Ciudad ante el Honorable Senado de la Nación a votar por la negativa el proyecto que modifica el régimen de coparticipación federal de recursos para el financiamiento de los servicios de seguridad no federal, y a preservar y defender la autonomía de la Ciudad”.
Ese fue el texto de una declaración aprobada con los votos de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Gen y Parido Socialista y la oposición del Frente de Todos y los bloques de izquierda. La iniciativa fue del diputado Hernán Reyes (VJ), con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.