La flamante Secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, Jimena López, habló con Comunas acerca de las políticas a largo plazo que se busca para el sector. Además, la necochense insistió que el uso de transferencias son necesarias para realizar un servicio básico, y como tal, un derecho humano.
¿Cuál es el principal criterio que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar políticas en transporte?
Por mi propia profesión (Licenciada en Servicio Social) pienso que las políticas públicas deben pensarse a largo plazo. Tiene que construirse una estructura para que al menos ciertas cosas sean inalterables al paso de las gestiones, y una de ellas es el desarrollo estratégico del sector del transporte. Las inversiones que se precisan son muy grandes y no se recuperan en cuatro años, es necesario llegar a una madurez institucional como para darle continuidad si algo se hace bien.
Tras su paso por Diputados, donde convivió con distintas fuerzas políticas tan antagónicas, ¿Cree que esas medidas a largo plazo pueden terminar con un cambio de gestión?
Algunas cuestiones tienen que legislarse con un criterio común, encarando consensos mínimos y necesarios. Los presupuestos son los que hablan de la lógica del país que busca cada uno, mientras nosotros apostamos al desarrollo, la derecha propone presupuestos de seguridad en términos duros. Si bien son formas de concepción del Estado debemos encontrar allí, los puntos intermedios porque la forma pendular no sirve.
Dentro de la Secretaría que conduce se encuentra el control de los subsidios del sector, una palabra con mucha carga en la sociedad…
Tiene que ver con el acto de denominación, es decir, se le pone carga negativa a esa palabra cuándo conceptualmente son transferencias. En este caso, lo que hacen es vehicular un servicio básico y por lo tanto un derecho humano.
¿Qué importancia tienen esas transferencias?
En todos los países del mundo, cuando la tarea es generar accesibilidad no se apuesta a tener ganancias. El sector sin transferencias es inviable, por ejemplo, el 95 por ciento del pasaje ferroviario es subsidiado por voluntad de un Estado presente.