La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación deberá garantizar personal capacitado, mantenimiento, limpieza y conservación del archivo en la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Duro golpe a la estrategia oficial de vaciamiento y despidos.
Un fallo del juez Ariel Lijo hizo lugar a un reclamo presentado por la diputada porteña y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Victoria Montenegro para evitar que el Gobierno nacional avance con su motosierra sobre los Sitios y Espacios de Memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de la dictadura en la Ciudad de Buenos Aires.
El escrito del magistrado que fue propuesto por el Presidente para ocupar un lugar en la Corte Suprema, está dirigido a Alberto Baños, a cargo de la secretaría de Derechos Humanos, uno de los organismos más afectados por el ajuste de su personal.
Junto a su pedido para resguardar los sitios, la legisladora de Unión por la Patria formuló una denuncia penal contra el ministro de Justicia Cúneo Libarona.
La resolución obliga al Estado nacional a garantizar personal capacitado para el sostenimiento de los lugares. Montenegro había denunciado que los despidos en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ponen en riesgo la continuidad de la tarea realizada en la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
Su reciente fallo atenta contra la avanzada de Milei, Villarruel y Baños contra todo lo que huela a memoria, verdad y justicia y tenga que ver con el Estado.
Montenegro había exigido que se cumpla la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria.
“Requiérase a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria en que funcionan en los ex CCDT [Centros de detención y tortura] “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti”, y “Virrey Cevallos” permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”, dice el texto firmado por Lijo.
El último de los golpes del Gobierno en este sentido se dio en diciembre, cuando cerca de 90 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Museo de Memoria ESMA, recibieron un mensaje por el que se los relevaba de sus funciones durante enero y se les informaba que pasaban a una “guardia activa” en sus respectivos domicilios, algo que fue rechazado por la comunidad y los organismos de derechos humanos mediante un multitudinario acto y un megafestival en corazón del ex centro clandestino de la Armada.
Esto se da en el contexto donde puntualmente el Orletti sufrió la caída de material de uno de los techos de una sala que albergó detenidos ilegales.
A pesar de los incesantes intentos por frenar el proceso de juzgamiento a genocidas de la
la última dictadura militar y morigerar la situación de represores condenados y encarcelados, la lista de responsables de crímenes de lesa humanidad sigue creciendo.
Hace un mes el juez federal Daniel Rafecas detuvo e indagó a Julio César Casanova Ferro, un integrante de la patota comandada por Aníbal Gordon que presuntamente actuó en el centro clandestino conocido como Base Pomar.
Casanova Ferro tiene 84 años, está jubilado y tiene algunos achaques de salud –diabetes, presión y mala circulación–, pero sigue colaborando de manera virtual con la Universidad del Salvador. Durante las últimas cuatro décadas tuvo ocho hijos y se las arregló para camuflarse en la vida cotidiana sin que saliera a la luz su pasado de personal inorgánico de la Base de Operaciones Tácticas 18 (OT18), estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado en pleno terrorismo de Estado que regentó los centros clandestinos “Bacacay”, “Automotores Orletti” y “Base Pomar” entre 1976 y 1977.