Denuncian una nueva demora en la construcción de comisarías porteñas

La falta de planificación en las licitaciones públicas del Gobierno porteño retrasa obras clave para los portugueses, denuncia la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

Un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) revela graves errores en la construcción de tres comisarías de la Policía de la Ciudad. Las obras, correspondientes a las Comisarías N° 3, 9 y 10, enfrentaron retrasos de entre 300 y 600 días debido a la falta de una planificación adecuada en la licitación pública y ejecución de las obras.

Entre las principales irregularidades destacadas se encuentran alteraciones en las metodologías constructivas por fallas en los proyectos originales, falta de evaluación técnica, falta de intervención en el área legal y falta de control en la administración. Además, se detectó un deficiente control interno de las obras, la ausencia de libros de Higiene y Seguridad , así como de partes diarios y planes de gestión ambiental.

El caso de la Comisaría Comunal N° 9 es emblemático. El informe destaca que “ La obra consiste en la construcción de un nuevo edificio destinado al funcionamiento de la Comisaría Comunal N° 9. Está ubicado sobre una base firme en el cruce de las calles Juan B. Justo y Cusco. En el edificio donde se realizaron los trabajos se encontraba un cuerpo de bomberos autorizado por YPF, el cual se encargó de retirar los residuos ambientales, tanques y tuberías y realizar la remediación de la suciedad que rodea los residuos, ordenando las muestras correspondientes para su análisis. y así se puede obtener el certificado de aptitud ambiental que emite la Agencia de Protección Ambiental ”.

La obra se vio afectada por la falta de Certificado de Idoneidad Ambiental. Este documento fue indispensable para continuar con la construcción y tomó un tiempo considerable, aunque no estaba considerado en la planificación original. Según la empresa adjudicataria, la imposibilidad de continuar con las obras hasta obtener el certificado provocó importantes retrasos. El mismo adjudicador informa que “manifiesta la imposibilidad de continuar con los trabajos en consideración mientras se presente el certificado de aptitud ambiental ”.

Al respecto, el auditor general Lisandro Teszkiewicz afirma que “si quieres construir una comisaría en un terreno donde hay una estación de servicio, el primer paso es asegurarte de que tienes un Certificado y que no es nuevo. Desde hace décadas, el gobierno del PRO ha estado al frente de próximos pasos y retrasos en las solicitudes”. Para Teszkiewicz «Estos ‘errores de planificación’ que han atravesado todas las obras de la ciudad desde que asumió Mauricio Macri en 2007, continúan en la gestión de Larreta y persisten por ahora en Jorge Macri , en venta libre».

Por ejemplo, el informe detalla que sólo la obra básica en la Comisaría N° 3 costó un estimado de 14 millones de pesos con un gasto total circundante de 300 millones de pesos; La Comisaría N° 9 tiene estimado 24 millones de pesos para gastar más; de 100 millones de pesos y la Comisaría N° 10 , que costó un poco más de 20 millones de pesos, terminó pagando alrededor de 550 millones de pesos. Sólo en estas tres obras el gobierno macrista gastó casi 900 millones de pesos, entre retrasos y obras complementarias y contando el coste social que supone retrasar las obras de tres comisarías. 

El interventor concluyó que “La falta de planificación en proyectos de esta magnitud es alarmante, sobre el terreno genera retrasos en la ejecución de las obras, pero también aporta a la Ciudad y consecuencias para su futuro y las futuras generaciones, que cada día aporta recursos. Para tener una vida digna y sobre todo segura, sólo en estas tres comisarías gasté sólo 58 millones a más de 544 millones, y el 920% de ellos pagó más. El plan de seguridad del macrismo sobre el terreno tiene problemas de prioridades, también de crueldad que implica pensar que la función policial es perseguir a los ancianos en situación de vendedores ambulantes, en lugar de controlar los delitos que afectan a sus habitantes, y además hay un despilfarro de dinero y una caja negra de negociadores».