PROPONEN REGULAR LOS BARRIOS POPULARES

En medio de la iniciativa del oficialismo para escriturar las tierras donde se asientan las villas, en teoría, para dársela a quienes están viviendo allí. Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso los indicadores sociales.

 

Los movimientos sociales acompañaron al proyecto de Ley de integración urbana y regularización de los barrios populares, luego de un extenso relevamiento que llevó más de dos años y arrojó las cifras necesarias para su elaboración

 

El objetivo es lograr dar un salto cualitativo en el ordenamiento urbano; integrar a los barrios populares, villas y asentamientos; otorgar servicios básicos como agua, luz y gas, debido a que muchos hogares argentinos carecen de los mismos.

 

“¿Quién puede estar en contra de la apertura de que los pasillos sean calles pavimentadas, para que nadie muera porque una ambulancia no puede entrar al barrio? ¿Quién puede estar en contra de que los barrios accedan al servicio regular de energía, evitando un cortocircuito que pueda incendiar una casa por las conexiones de luz precarias que hay en nuestros barrios? ¿Quién puede estar en contra de que un vecino tenga la tenencia de la tierra donde construyó su hogar? Queremos saldar una deuda de la democracia. Queremos poner en agenda la precariedad en la que viven casi 4 millones de argentinas y argentinos” afirmó Ignacio Rico, responsable del Relevamiento Nacional de Barrios Populares

 

Actualmente el 93,81% de los habitantes de barrios populares no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.

 

“Urbanización es equidad, urbanización es integración, urbanización es dignidad. Y los movimientos populares vamos a luchar para que este proyecto logre el consenso necesario y podamos festejar que la dignidad no es un privilegio de algunos sino un derecho de todos” concluyó.

 

La Ley terminaría con los desalojos de los barrios populares y declararía de utilidad pública los barrios donde viven más de un millón de familias.