“A FAVOR DE UNA BOLETA ÚNICA CON LECTOR QR” 4

Cambiando de tema, ustedes saben de la discusión del nuevo proyecto de ley de inquilinos ¿Qué rol jugaría la defensoría en caso de que se apruebe?

Nosotros tenemos un proyecto de ley de inquilinos muy amplio, que es muchísimo más amplio que el que está proponiendo el gobierno, de hecho el proyecto del gobierno está tomado claramente del nuestro pero de la primera parte del nuestro. Nosotros tenemos a Fernando Muñoz y a su hijo que trabajan en la Defensorìa. Hemos elaborado un proyecto muy muy amplio pero acompañamos el del gobierno porque la verdad es que es un paso gigante. Que los inquilinos no paguen la comisión a la inmobiliaria es un paso kilométrico, digamos, cualquiera que va a alquilar hoy sabe lo que eso significa, pero nosotros tenemos muchísimas opiniones más, por ejemplo que los empleados del Estado, en vez de la garantía, tengan al Estado como garante porque es el que le paga los salarios, y tienen estabilidad, entonces, no hay empleados municipales que no tenga garantizado el contrato de alquiler, con la retención de los haberes del trabajador en el porcentaje que la ley permite.

En el caso del sector privado que el Banco Ciudad cree un seguro de caución para que no presentes una hipoteca y tengas un seguro de caución. Que también para el titular del inmueble es preferible el seguro de caución y no una hipoteca. También creemos que muchos trámites deben ser gratuitos, no tiene sentido seguir cobrando algunas cosas que la verdad es que el Estado las tiene y puede ponerlas a disposición gratuita para favorecer a personas que están alquilando y tiene dificultades.

Para el que alquila un departamento de 1, 2, 3 ambientes que son una familia que son cinco le estas cobrando trámites que no tiene sentido, que no cambia la ecuación del Estado. Nosotros tenemos un proyecto más amplio, pero bueno, en esto lo apoyamos ciento por ciento porque es un paso adelante.
En la CABA hay 900 mil personas que alquilan de las cuales un 10% son locales, que tienen una afectación fuerte por el aumento de las tarifas, en la mayoría de los locales comerciales el problema ya no es el pago del alquiler sino el pago de electricidad.

¿Crees que se va a aprobar?

Yo creo que se va a aprobar, lo que empieza a haber es una especie de lobbie fuerte de parte de las inmobiliarias, pero ahí tenemos otra discusión más que queremos incorporar en la ley y es que en el primer contrato está bien el tema del pago de las comisiones pero nunca en el segundo. Lo que hace la inmobiliaria es una gestión de negocios, te pone en la página, te da la información, te muestra el departamento, pide los certificados de dominio, hay todo un trabajo para el primer contrato. ¿Cuál es el trabajo en el segundo contrato? Ninguno.
¿Por qué deberías pagar una comisión?. Hace mucho tiempo que lo veníamos cuestionando, y ahora se acaba de dar una circunstancia muy particular porque en Provincia de Buenos Aires la cámara salió a explicar que ellos no tienen la ley de la CABA y que por eso cobran 2 meses de comisión y me mandaron una carta diciendo que tenía la obligación de aclarar que me refería a la Ciudad de Buenos Aires.

Pero no tenemos que aclarar nada, hablamos para la CABA, no decido lo que pasa en Mendoza. La gente iba y les decía “En la CABA se paga otra cosa y usted me está cobrando 2 meses de comisión”.
Pero si, estamos de acuerdo con el proyecto y nos gustaría después ir hacia otro paso, que es el seguro de caución y que los trabajadores estatales el garante sea el propio Estado.

Alejandro, los clubes sociales en los barrios están agonizando y teniendo muchísimas dificultades en el acceso a la tarifa social. ¿Qué es lo que pueden hacer, cual es la mirada de este conflicto?

Nosotros recibimos a todos los clubes aquí y tuvimos una reunión muy grande, después participamos de la reunión en el BAUEN. Presentamos un amparo en nombre de todos los clubes y estamos trabajando en la incorporación de los clubes a la tarifa social, aunque en realidad lo que le pedimos a Aranguren y a Mac Allister es que reglamenten porque tiene que haber una tarifa especial para los clubes y las entidades de bien público sin fines de lucro, esto no se ha reglamentado y para nosotros es fundamental que se reglamenten estas 2 normas.

Es decir, hay que definir una tarifa especial que no se ha definido y está afectando a los clubes que como tienen concurrencia masiva de los vecinos se nota más, pero este problema está afectando a otras instituciones, a los centros de jubilados, a instituciones sanitarias, a instituciones educativas de las colectividades, (vamos a tener una reunión con todas las colectividades).
Lo que pedimos es la reglamentación de las dos leyes porque en la medida que no se reglamentan pagan la tarifa cruda que está viniendo y si no se reglamentan iremos a la justicia como hicimos con el amparo. Quiero aclarar que la justicia históricamente le ha negado a las defensorías la legitimación procesal para actuar en cuestiones de competencia federal, pero resulta que no hay defensor del pueblo de la nación.

Si no hay defensor del pueblo de la nación y los defensores del pueblo locales no podemos intervenir ¿Quién interviene? Esperamos que nos hagan caso, igual estamos tratando de cambiar el criterio de la acción judicial planteándola desde otro punto de vista, no desde el cuadro tarifario, sino del daño individual, pero todo esto es una construcción jurídica que queremos hacer en donde ahí nosotros si podemos entrar.

Cuando ustedes, por ejemplo, que tienen los medios con una ecuación económica para sostenerlos, supone que trabajan 4 o 5 compañeros en el armado del periódico, tenés el costo de la impresión, si tenés una sede el costo del alquiler, todo lo que te significa el mantenimiento del periódico y los gastos tuyos en impuestos, mas los márgenes de ganancia y pueda mantenerse en el tiempo. Si el Estado alter desde en forma unilateral esta ecuación y las tarifas producen un perjuicio manifiesto a la estructura de costos e incluso de ganancias para la posibilidad de inversión, está provocando un daño particular, individual o colectivos a quienes trabajan.

Lo estamos analizando desde ese punto de vista, es un desafío entrar con una demanda de esas características porque es una construcción jurídica que hay que laburarla mucho, pero estamos evaluando hacerla en ese sentido con todas las pymes, con todo lo que es comercios y pymes, que es lo que digamos más se dispara porque hay muchas textiles con dificultades, que tienen 6 empleados y que de pagar 15 mil, 30 mil pesos de alquiler del local y tenía una factura de 20 mil pesos por mes de luz o 15 mil, y ahora le viene una de 120 mil. Al cambiar esa ecuación hay un perjuicio. Bueno estamos viéndolo desde el punto de vista del daño a ver si podemos hacer una construcción, no ir al Contencioso Administrativo Federal que es donde nos niegan la competencia, ellos dicen “Ustedes no tienen legitimación procesal en el federal, son locales”, entonces evaluamos ir al Civil y Comercial por el daño manifiesto.

Mencionabas los espacios verdes y existen mucha diferencia entre los vecinos y los predios que se asignaron los manteros, por ejemplo, sobre la calle Perón en Once, ¿Qué opinión tenés sobre esto?, por un lado está la necesidad de trabajar, pero están las mafias y al mismo tiempo la necesidad de los vecinos del espacio público.

Como lo describiste, hay una pluralidad de derechos que chocan irremediablemente y desde la defensoría trabajamos en el conflicto en Once en diciembre, de hecho la mesa de dialogo se conformó a partir de un pedido de la Defensoría del Pueblo.

Nosotros siempre arrancamos del sector más vulnerable, en este caso te diría que es el trabajador indocumentado, después el trabajador documentado y después ya comienza una serie de situaciones distinta que quienes son los proveedores de estas personas, que rol tienen los locales que están frente a estos puestos que están en la calle. Sabemos que en la av. Avellaneda los mismos locales que adentro vendían con factura afuera vendían sin factura y los puestos que estaban en la calle eran de los mismos locales de adentro en algunos casos, no de manera generalizada, pero sí de manera importante.

Después, que pasa con el cobro de coimas, porque eso no funciona si no hay un sistema que garantice el funcionamiento y para esto tiene que haber personas que estén involucradas. Creo que el gobierno ha tomado una decisión que ha logrado un consenso mayoritario por parte de la sociedad, al liberar estos lugares.

Si vas a Once encontras que el lugar está en condiciones de circulación, muy distintas a cuando estaban ocupadas, al mismo tiempo se logró la distribución de algunos trabajadores. Ahora esta situación no se produjo en un día, no es que anoche no había nada y hoy está todo, hay un proceso de desarrollo de estas actividades a lo largo del tiempo de la ocupación de la vía publica.

A nuestro juicio, si vas a actuar con la fuerza de seguridad y la intervención judicial, hay buscar a las bandas que operan sobre todo las que tienen que ver con la introducción de mercadería ilegal a la Argentina. Trabajar haciendo inteligencia sobre los depósitos donde se almacena esta mercadería y ver los niveles de complicidad o de omisión de actuación de determinadas fuerzas que permiten que estos espacios sean ocupados.

Yo fui el otro día con varios de mis compañeros a la marcha de San Cayetano y todos conocemos la situación de Liniers, eso se fue armando con el tiempo, se fue consolidando con el tiempo.

Nosotros tenemos información por los vecinos del barrio y me parece que hay que trabajar desde el Estado primero con las personas más débiles buscando una mediación. Como el caso de los talleres textiles. ¿Cuál es el rol del Estado? Ir a romperle la cabeza al que vino acá indocumentado y que con eso tiene que sobrevivir? No, hay que tratar de blanquear ese trabajador, capacitarlo, tratar de ponerlo en legalidad, ver si además se le puede dar herramientas desde el Estado, máquinas para que conformen cooperativas y el apoyo legal para que lo puedan hacer.

De hecho, son casas, no más de 400 establecimiento, no se necesita al FBI, ver si están en lugares donde se puede habilitar esa actividad, que pongan en condiciones los locales, que hagan la adecuación y que pongan en blanco a los trabajadores. Es un proceso que hay que hacerlo en conjunto me parece, si cae la policía, clausura el local y al otro día tenés 3 o 4 familias que no tienen con que vivir, el problema no terminó porque en la tele salió la imagen del desalojo.

Nosotros somos querellantes en el caso de los 2 chicos muertos en el taller clandestino de Flores, como también en Time Warp. Creo que el Estado debe buscar otros mecanismo, y tiene que ver con trabajar paulatinamente, sé que a veces hay algunas medidas que tienen un fuerte acompañamiento público, de rápida acción con intervención de las fuerzas de seguridad y que dan resultado electoral, yo prefiero el dialogo.