“ESTAMOS PREPARADOS PARA EL TRASPASO”

Marcela Basterra logró que su apellido deje de ser ajeno a la política y pueda llegar a ingresar en la historia del Poder Judicial de la Ciudad, si finaliza el promisorio traspaso al ámbito porteño durante su presidencia en el Consejo de la Magistratura. En esta nota habla de la voluntad para lograr una autonomía total, y se define como una académica que basa su gestión en la transparencia y el diálogo.

No recuerdo un Presidente del Consejo de la Magistratura que no haya sido nombrado desde la Legislatura…
Yo accedo al Consejo en representación de los abogados. Integré la fórmula en la que ingresamos dos abogados por la mayoría, y además, uno entró por la minoría. Es verdad que para llegar a estos lugares normalmente se necesita de un empuje político, pero es tan cierto como que ganamos esas elecciones sin problemas, y que me considero más bien una académica. Me referencio en que soy constitucionalista desde que era estudiante ayudante a los 21 años, soy profesora en muchas universidades y tengo varias obras escritas, no soy la política clásica y entiendo que el Consejo nunca tuvo una persona con estas características en la presidencia.

¿Cómo se logra el consenso entre miembros que llegan desde distintos espacios políticos?

Las distinciones podrían ser por las distintas personalidades que tienen nueve individuos, y eso siempre implica diferencias. Pero las distinciones no son cortadas por el partidismo político, al contrario, tenemos una excelente relación porque se trata de gente madura y super trabajadora. A mi entender, el sistema en la Ciudad es muy bueno teniendo en cuenta que es un poder que tiene apenas 20 años.

¿Cuáles son los ejes que se propone en su gestión?

Uno no puede dejar de ser quien es, y yo te decía que vengo de un extracto académico que me hace imposible no querer lograr acuerdos con Universidades, por ejemplo, en cuanto a intercambios o formación de experiencias, y perfeccionamiento. En cuanto al tema de la transparencia y acceso a la información pública, vamos camino a ello, fíjate que se sancionó el año pasado la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27275), y además se reformó la N° 104 de la Ciudad. No solamente se refieren a la transparencia en materia de brindar información a alguien que lo requiera, sino una transparencia activa y con datos abiertos, es decir, subir a un portal de alcance público todo nuestro trabajo.

Me llamó la atención una columna que escribió en un diario acerca del sistema electoral…

Pienso que nos debemos una reforma política porque los paises mas modernos tienen voto electrónico o boleta única. En su momento la gran estrella fue el voto electrónico que en la Ciudad y en Salta se trabajó e implementó muy bien. Algunos lo cuestionaron y propusieron la boleta única, que también dio buenos resultados en Santa Fe. De manera que sea una u otra, lo cierto es que no podemos seguir teniendo el sistema de boletas separadas, o tener a los fiscales pendientes todo el tiempo del robo de boletas, o demás cuestiones que dificultan el ejercicio pleno de la democracia, ni tampoco en la demora de los resultados. Nos debemos como Argentinos cambiar el sistema electoral que es un sistema de 1912, cuando se sancionó la Ley Sáenz Peña.

¿Qué significa el traspaso judicial a la Ciudad?

Es un punto neurálgico porque el traspaso implica que se cumpla lo que indica la Constitución, la plena autonomía del Ejecutivo, Legislativo y órgano judicial porteño. Las dos primeras se dieron dos años después de su sanción, en 1996. Pero pasaron 20 años y nunca se pudo concretar el traspaso de la justicia nacional en la Ciudad. La Constitución Nacional habla de jueces federales y locales, y no de nacionales. La justicia nacional sirvió bien a principio de siglo pasado, pero ahora no tiene ningún sentido mantenerla.


¿Qué resta para terminar de llevarlo a cabo?

Comenzamos el traspaso con el acuerdo firmado el 19 de enero de este año, entre el Presidente de la nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, y luego se aprobó en la Legislatura el traspaso progresivo, muy preparado. El convenio indica que se transfieren 49 estructuras vacantes con su personal, hablamos de no más de 360 personas. Otro convenio es de Relaciones del Consumo que sólo estaba creada la Ley con la competencia, pero hay que reglamentarla de foja cero porque no hay ningún tribunal nacional de ello. También se transfiere la Inspección General de Justicia, y del Registro de Propiedad del Inmueble. Sólo resta la aprobación del Congreso nacional que esperamos tener novedades no bien comience el ciclo de sesiones ordinarias el año que viene en el parlamento.

¿En qué se basa la reticencia que les plantean?

Creo que el estar en contra del traspaso no tiene que ver con una cuestión política, sino que las asociaciones nacionales no quieren el cambio y se resisten a ello. Es natural. Lo que se objeta no lo comparto, sostienen que los jueces nacionales tienen un sueldo mayor que los de la Ciudad, pero se va a nivelar para arriba cuando se realice el traspaso tal cual lo indica la Ley. En algunos puntos hay desconocimiento, por ejemplo nos preguntan qué va a pasar con la obra social, y en verdad, nosotros desde siempre tenemos la misma que usan en la Nación. Además, nosotros tenemos un convenio colectivo con más beneficios que los que tiene la justicia nacional.

Ya que hace mención del Convenio Colectivo, ¿Cuál es su relación con las organizaciones gremiales judiciales?

Con los sindicatos tenemos una muy buena relación y nos reunimos todos los meses por la Comisión Interpretadora del Convenio Colectivo, hay demandas que no se pueden satisfacer como otras que sí. Son personas muy respetuosas siempre abiertas al diálogo.

Si esta nota la hiciéramos dentro de un año, ¿Cómo espera finalizar su mandato?

De darse la completa autonomía va a ser algo histórico, que traerá mayor trabajo y dificultades pero estamos preparados para que suceda. Sería el tema más importante, y si pudiera irme a fines del 2018 con el traspaso realizado y encaminado me iría plena y feliz.